La alta burocracia de oro

Los excesivos e injustificables privilegios de 700 funcionarios

| EMEEQUIS | 14 de diciembre de 2009

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Pertenecer a un selecto grupo de casi 700 funcionarios y servidores públicos de primer nivel da acceso a beneficios excesivos que, a la luz de la crisis económica que padece el país entero, constituyen “una aberración injustificable”, dice el diputado priista Sebastián Lerdo de Tejada. Ese grupo recibe en este diciembre gratificaciones de fin de año, bonos por el esfuerzo realizado y hasta pagos por “riesgos de trabajo” a quienes hacen sus tareas detrás de un escritorio, por montos que van desde 300 mil hasta 688 mil pesos. Entre ellos están senadores, consejeros del IFE, diputados federales, ministros de la Corte, secretarios de Estado, el Presidente de la República, consejeros de la judicatura, magistrados del Tribunal Electoral, los presidentes del INEGI y de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, entre otros.
Sin importar que 2009 haya sido el año de la peor crisis de México en las últimas décadas, un selecto grupo de casi 700 funcionarios y servidores públicos de primer nivel de los poderes Ejecutivo, Judicial y Legislativo, disfrutarán de una “canasta navideña” que en conjunto repartirá más de 107 millones pesos por conceptos que van desde gratificaciones de fin de año, pago para pavos y canastas decembrinas, a bonos por el esfuerzo realizado y hasta pagos por “riesgos de trabajo” a quienes hacen sus tareas detrás de un escritorio.
Este grupo, integrado por lo más alto de la burocracia mexicano, los que podrían ser llamados con justicia “los hombres de oro”, cuenta entre sus miembros a senadores, consejeros del IFE, diputados federales, ministros de la Corte, secretarios de Estado, magistrados electorales, el Presidente de la República, consejeros de la judicatura, el auditor superior de la Federación, los presidentes del INEGI y de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, entre otros.
Y para no quedarse atrás en las celebraciones, los diputados federales recibieron 5 mil pesos cada uno para canasta navideña.
En el poder judicial, los Magistrados del Tribunal Federal Electoral recibirán 460 mil pesos de aguinaldo y otros 688 mil pesos por pago de riesgo laboral.
En el Instituto Federal Electoral también recibirán compensaciones. Los consejeros electorales tendrán una gratificación de fin de año de 419 mil pesos cada uno.
En tanto que el presidente Felipe Calderón y los Secretarios de Estado recibirán 350 mil pesos de aguinaldo y gratificación de fin de año.
El Presupuesto de Egresos de la Federación 2009 señala que se erogaron 12 mil 633 millones de pesos por concepto de pago de gratificación de fin de año para funcionarios públicos de los poderes ejecutivo, legislativo y judicial y organismos autónomos.
Además, se destinó una bolsa de 8 mil 759 millones de pesos para compensaciones adicionales por servicios especiales.
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Para Sebastián Lerdo de Tejada, diputado priista y presidente de la Comisión Especial para Analizar el Presupuesto de Gastos Fiscales, los bonos que reciben los funcionarios públicos de primer nivel son un exceso.
“Todo tipo de prestaciones extralegales de los servidores públicos, y más de la alta burocracia, son injustificables en un momento de crisis económica. No sólo es el tema que tiene que ver con la Ley de Salarios Máximos de los Servidores Públicos, sino la pertinencia de algunas prestaciones que reciben. Hemos denunciado el crecimiento de la alta burocracia en los últimos nueve años, en particular en los gobiernos panistas; ha habido incrementos superiores a mil por ciento”.
–¿Qué opina de las gratificaciones de fin de año que recibirán?
–El aguinaldo es una prestación de ley, cualquier trabajador tiene todo el derecho de recibirlo, pero de ahí a que existan bonos adicionales para la alta burocracia que identifica como riesgo laboral algunas áreas técnicas, me parece un exceso.
El riesgo laboral es para servidores públicos que están en la línea de fuego, que están en mantenimiento de ductos o líneas eléctricas, o en el combate a la inseguridad, en la Marina, en el Ejército. Ahí se entiende que exista un bono de riesgo laboral. Pero burócratas que están detrás de un escritorio en una oficina con aire acondicionado me parece que el único riesgo que tienen es que les dé gripe. Es un exceso.
Hace cuatro meses, la Auditoría Superior de la Federación elaboró un documento titulado “Áreas de Opacidad y Riesgo en el Estado Federal Mexicano. Oportunidades de Mejora”, donde se aborda el tema de la remuneración de los servidores públicos en México.
En él se dice con claridad lo siguiente:
• En la actualidad, el total de las percepciones que se otorgan a los servidores públicos se compone de conceptos tales como sueldo, sobresueldo, compensaciones, bonos y ayudas diversas consistentes en vales de despensa, gasolina, despensa, despensas navideñas, comida de fin de año, exenciones fiscales y otro tipo de prestaciones complementarias de carácter especial.
• La existencia de regímenes distintos, y en algunos casos de excepción en los Poderes de la Unión y en los órganos constitucionalmente autónomos, complica, confunde y refleja una alta opacidad y un exceso de discrecionalidad en materia de remuneraciones, debido a falta de criterios universales que sean aceptados y observados en toda la administración pública.
• De algunos resultados obtenidos de diversas revisiones efectuadas por la Auditoría Superior de la Federación, se desprendió que en el Poder Judicial de la Federación existían pagos superiores a los tabuladores establecidos, pago de aguinaldos mayores que lo autorizado y estructuras que no responden a su organización jerárquica.
Todo esto es “injustificable”, dice el diputado Sebastián Lerdo de Tejada. “Es una aberración lo que van a recibir este fin de año, perciben salarios altos y algunas plazas implican duplicidad de funciones. Por eso metimos el impositivo legal en el decreto de Presupuesto de Egresos para 2010. Secretaría de Hacienda tendrá que justificar cada uno de los cargos. Eso lo vamos a revisar”.
Aunque el diagnóstico elaborado por la Auditoría Superior de la Federación es contundente, tiene un problema: en él impera el dicho de ver “la paja en el ojo ajeno y no la viga en el propio”.
Y es que el auditor superior de la Federación, Arturo González de Aragón, quien dejará el cargo el 31 de diciembre, recibía anualmente 160 mil pesos en ¡vales de despensa!
Adicionalmente, este diciembre gozará de una gratificación de fin de año de 293 mil pesos, a los que habrá de sumar 67 mil pesos de aguinaldo.
Y con el retiro se llevará un cheque todavía mayor: 685 mil pesos por concepto de Estímulo por Cumplimiento de Metas y Pago de Riesgo.
Como en la casa del jabonero, el que no cae, resbala.
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El calendario marcaba el 3 de diciembre de 2006. El presidente Felipe Calderón tenía tres días de haber asumido el cargo cuando encabezaba el evento público que pretendidamente pondría el sello a su administración: un gobierno austero.
El Presidente de la República firmó el decreto de austeridad que reducía en 10 por ciento su sueldo y el de todo su gabinete, los subsecretarios y titulares de unidad y sus equivalentes.
El anuncio se realizó en el salón Adolfo López Mateos de la residencia oficial de Los Pinos, acompañado de todos los integrantes de su equipo de gobierno.
Calderón dijo ahí: “Antes de pedir sacrificios a las familias mexicanas para resolver los problemas y superar los retos que enfrentamos como nación, era necesario que el gobierno demostrara con acciones concretas su compromiso con el uso eficiente y transparente de los recursos que son de todos los ciudadanos”.
Han pasado tres años desde que el presidente Felipe Calderón prometió austeridad en su gobierno. Y en ese tiempo ha habido denuncias sobre los excesos del gasto en la administración pública federal.
Y en los próximos días el jefe del Poder Ejecutivo Federal recibirá 306 mil pesos como parte de una gratificación de fin de año. Además, tendrá 54 mil pesos de aguinaldo y su salario mensual de 152 mil pesos.
Esta circunstancia de excepción se extiende a los 18 secretarios de Estado y el procurador general de la República: recibirán una gratificación de fin de año de 300 mil pesos. Es decir, dos veces su salario mensual.
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El director de Análisis de Finanzas Públicas del Instituto Mexicano de la Competitividad (IMCO), Juan E. Pardinas, asegura que en este país, donde existen 50 millones de pobres, el gobierno paga en los cargos de primer nivel y hasta en mandos medios, mejores salarios y prestaciones que la iniciativa privada.
“En la mayoría de los países del mundo, la iniciativa privada paga mejor que el gobierno. En México es al revés: el gobierno paga mejor en la gran mayoría de puestos altos y medios, y en tiempo de crisis se genera una tensión entre los que pagamos impuestos y los que se los gastan. Una manera de compartir entre los contribuyentes y los funcionarios públicos la estrechez sería no pagar el bono durante el año de la crisis. Tal vez no tenga un enorme peso en el presupuesto, pero sí una carga simbólica muy importante”.
Pardinas, quien estudia la transparencia en el manejo de presupuestos públicos, considera que no deberían existir las gratificaciones especiales para los funcionarios debido a que generan mayor opacidad.
“No sabemos exactamente cuál es el salario de los funcionarios, su ingreso real. No deberían de existir estos bonos que dificultan la transparencia y rendición de cuentas. El salario total debería de estar integrado, como en el caso de la mayoría de los mexicanos. No es muy fácil saber cuánto están recibiendo los funcionarios porque si hay un bono de riesgo, un bono de productividad, un bono de fin de año, pues es muy complicado de entender”.
Por supuesto, dice Pardinas, está ausente el propósito de que la austeridad y la transparencia prevalezcan en el manejo de los recursos.
“No hay un compromiso de austeridad en el ejercicio de las finanzas públicas, ni del gobierno federal ni de los gobiernos municipales y estatales, y sobre todo de los órganos autónomos que ejercen los recursos públicos con absoluta impunidad”.
–¿Qué convendría hacer en este caso?
–En lugar de que nos cobren más impuestos, como van a hacer ahora en 2010, todas las autoridades, órganos autónomos y los tres niveles de gobierno, deberían hacer un ejercicio sincero de austeridad. Y eso no lo veremos.
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Los 128 Senadores de la República, quienes llevan tres años en el cargo, recibirán 233 mil pesos de aguinaldo, de acuerdo con el sueldo base que perciben cada mes: más de 160 mil pesos.
Mientras, que en el Palacio Legislativo de San Lázaro, los 500 diputados federales recibieron, desde el 30 de noviembre, 65 mil pesos como gratificación de fin de año, que corresponde al pago proporcional de aguinaldo de cuatro meses en el cargo público.
Es decir, con un año de actividades, hubiesen recibido unos 260 mil pesos.
En el Poder Legislativo hay puestos cuyo perfil público es bajísimo, pero que reditúan más económicamente que ser diputado y senador: los secretarios generales, quienes tienen en sus manos una amplia discrecionalidad a la hora de ejercer la administración de las cámaras del Congreso.
Antes de dejar el cargo de secretario general del Senado de la República para registrarse como candidato a la Auditoría Superior de la Federación, Jorge Valdés Aguilera recibió 432 mil pesos de gratificación de fin de año, más 23 mil pesos de aguinaldo.
Entre otras prestaciones, ese funcionario, el de mayor jerarquía en el Senado, obtuvo 8 mil pesos de vales de fin de año, más los 12 mil pesos por concepto de vales de despensa que recibía con puntualidad cada mes.
Además, se le pagaron otras percepciones extraordinarias de fin de año, como los 270 mil pesos por cumplimiento de metas.
En estas fiestas decembrinas también saldrá beneficiado el secretario general de la Cámara de Diputados, Guillermo Haro Bélchez, quien aspiraba a ser auditor superior de la Federación.
Él tendrá una gratificación de fin de año de 313 mil pesos, más su aguinaldo: 55 mil pesos.
Pero, como en las ofertas que anuncian en la tele, eso no es todo: recibirá también 9 mil 157 pesos de vale para ¡un pavo!
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La coordinadora de la fracción parlamentaria del PAN en la Cámara de Diputados, Josefina Vázquez Mota, argumenta que las gratificaciones de fin de año a funcionarios son “legales”.
“Si la ley así lo establece, pues entonces es legal y tiene que cumplirse irrestrictamente la ley”, dice la ex secretaria de Educación.
–¿Ante la situación de crisis económica, es ético que los funcionarios públicos reciban estos bonos?
–Quien ha dado el primer paso en austeridad ha sido el Presidente. Él propuso la reducción de tres secretarías, el congelamiento de su salario, la reducción de los mismos, y si esto no nos parece correcto, entonces habrá que cambiar las leyes. Pero mientras se cumpla con la ley, pues deben pagarse.
–El Presidente de la República recibirá una gratificación de fin de año de 300 mil pesos.
–Lo que me parece es que cualquier Gobernadores y secretarios de Estado, destacados miembros de la alta burocracia gratificación debe estar con apego irrestricto a la ley.
–¿Ustedes van a recibir algún bono como legisladores?
–No sé ni siquiera, de verdad, si vamos a recibir, si hemos recibido algo o no. No he tenido tiempo ni siquiera de sentarme a revisar, pero como la mayoría de la gente que trabaja en este país, estaremos esperando lo que marca la ley y no algo diferente.
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Cuando se habla del uso de recursos públicos, el Poder Judicial es citado a menudo en los medios de comunicación como una de las entidades en las que la austeridad no se aprecia. Al contrario.
Quizá a ello contribuya el hecho, por ejemplo, de que los 11 ministros de la Suprema Corte de Justicia recibirán en este diciembre 326 mil pesos por aguinaldo (sueldo base y compensación garantizada). A eso habrá que agregar una percepción extraordinaria de pago por riesgo de 712 mil pesos.
El caso de los seis consejeros de la Judicatura Federal prevalece una situación similar: recibirán 457 mil pesos por concepto de aguinaldo (incluye sueldo base y compensación garantizada). También se llevarán su “pago de riesgo”: 688 mil pesos.
Por lo que aparece en el Presupuesto de Egresos 2009, en el ámbito judicial se corren riesgos altos en el ejercicio de su trabajo, incluso en el que tiene ver con la materia electoral.
Salvo las quejas de los ciudadanos, los partidos y los militantes de éstos, que pueden llegar a un extremo de insultar verbalmente a los siete magistrados del Tribunal Electoral, a simple vista no parece que éstos corran mayores peligros. Y, sin embargo, este mes habrán recibido 688 mil pesos por este motivo.
En los organismos autónomos, como dirían los ciudadanos de a pie, tampoco cantan mal las rancheras. Véase:
Instituto Federal Electoral: los 10 consejeros tendrán una gratificación de fin de año de 419 mil pesos. Al secretario ejecutivo del organismo, Edmundo Jacobo Molina, le tocará una gratificación de 356 mil pesos.
Comisión Nacional de Derechos Humanos: Antes de dejar el cargo como su presidente, José Luis Soberanes recibió 347 mil pesos de gratificación de fin de año y un pago extraordinario de 675 mil pesos. Esa misma cantidad recibirá, dentro de un año, el nuevo ombudsman nacional, Raúl Plascencia Villanueva.
Instituto Nacional de Estadística y Geografía:
Ratificado en el cargo como presidente del instituto este 8 de diciembre, Eduardo Sojo, ex secretario de Economía con Vicente Fox, recibirá 380 mil pesos de gratificación de fin de año. Al vicepresidente de ese organismo le tocarán 352 mil pesos.
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El coordinador de los diputados del PRD, Alejandro Encinas, considera que ningún servidor público debería recibir bonos adicionales a lo que establece la ley.
“Una política congruente en un escenario de crisis sería acabar con este tipo de privilegios que gravan el erario público. Es una práctica que dilapidó mucho los recursos públicos y que debe de erradicarse. No debe haber funcionarios públicos privilegiados. Es una verdadera vergüenza”.
–¿Qué llamado le haría al Presidente de la República?
–Que ponga el ejemplo y que no sólo él, sino todos los funcionarios de todos los poderes de la Federación, renuncien a ese tipo de privilegios que minan las finanzas públicas.
El llamado sería particularmente a los funcionarios de los poderes Judicial y Ejecutivo, que tienen un sobresalario muy por encima de su verdadera calificación.
–Se argumenta que estos salarios son una manera de evitar la corrupción entre los funcionarios públicos.
–Pues no es así. La mejor evidencia es que no han evitado la corrupción sino que, al contrario, ésta se ha incrementado sustancialmente desde que el PAN está en el gobierno.
–¿Ustedes, los diputados, recibieron alguna bonificación o gratificación de fin de año?
–No, no, ninguna, por supuesto. Así como renunciamos a nuestro seguro médico de gastos mayores, no estaremos compartiendo recibir ninguna gratificación al margen de lo que establece la ley. Muchas de esas gratificaciones se establecen por acuerdos administrativos. Lo que hemos propuesto en la cámara es que por acuerdo de la Junta de Coordinación Política se eliminen todo tipo de privilegios innecesarios.