Corrupción florece en los invernaderos

Condicionar subsidios es ilegal, pero en el sector rural la realidad es otra. La Asociación de Empresas Comercializadoras de Productores del Campo menciona que en las dependencias es frecuente entregar apoyos sólo a cambio de gratificaciones 

Condicionan subsidios a pequeños agricultores, Sagarpa obliga a campesinos a contratar servicios de algunas empresas, mismas que deja al abandono

Lunes 25 de octubre de 2010 Mara Muñóz | El Universal

Los frutos que Juan Rodríguez esperaba no se dieron: hoy tiene una deuda de 320 mil pesos y un invernadero con tomates plagados. Este pequeño agricultor tlaxcalteca decidió entrar al Programa de Desarrollo Rural Municipalizado de Alianza para el Campo de Sagarpa, buscando sobrevivir a la ruina de la agricultura de temporal, que tiene en vilo a campesinos.

Sin embargo, la empresa que contrató, obligado por las instancias de gobierno, para la construcción, asesoría y comercialización, desapareció apenas levantó unas carpas plastificadas maltrechas con materiales de baja calidad.

En junio de 2007, Juan firmó los documentos requeridos por el gobierno municipal de Tlaxco, Tlaxcala y la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa). Había organizado a 15 ejidatarios y aparceros de su comunidad para iniciarse en el negocio especializado de la producción de jitomate en invernaderos. El proyecto sería posible gracias a la mezcla de recursos gubernamentales y al préstamo de Banorte: 30% recursos públicos, 70% deuda bancaria. El banco solicitó una garantía en efectivo y una prendaria: el gobierno federal aportó 90 mil pesos de garantía líquida. Juan hipotecó su casa, el costo total del invernadero fue de 320 mil pesos.

Pero había una condición por parte de las instancias públicas y del banco: no obstante que los productores tenían mejores cotizaciones, la empresa Invermaleno, propiedad de José Salvador Maleno Ruiz, debía ser contratada para el proyecto. La noche en que Juan Rodríguez firmó el contrato de compra-venta y asesoría técnica en su casa, frente a Luis Humberto Hernández González, entonces encargado de desarrollo rural de la presidencia municipal de Tlaxco, no entendió muchas cláusulas, según cuenta en la demanda por fraude que presentó ante las autoridades judiciales de Tlaxcala un año más tarde:

“Luis Humberto Hernández González acudió a nuestro domicilio para llevar el contrato de compra-venta y asesoría técnica, el cual permitió que leyera mi hijo… le dijo que no entendía todas las cláusulas, que si le explicaba; respondió que no tenía tiempo, que todavía faltaba la firma del presidente municipal, pero que todo estaba en regla (sic)”.

EL UNIVERSAL intentó sin éxito localizar a Maleno Ruiz. Según María de la Luz Cano Flores, abogada de los 13 agricultores que presentaron denuncia penal, hace meses que esta empresa cerró sus oficinas en Tlaxcala; además, su domicilio para efectos legales siempre estuvo en Zacatecas. En ambos casos, los números telefónicos que proporcionó Invermaleno son de celulares y están fuera de servicio. “Dentro de mi particular punto de vista, este empresario ya se peló”, dice la abogada defensora.

La otra plaga

El condicionamiento de subsidios es ilegal, pero la realidad impuesta por el sistema de justicia y fiscalización en México ha rebasado las leyes. “En las instancias locales de las dependencias públicas es frecuente el condicionamiento de los apoyos al pago de gratificaciones a funcionarios o para que las inversiones se hagan con algún proveedor o constructora, o que la comercialización se haga con tal o cual comercializadora”, dice Víctor Suárez, de la Asociación Nacional de Empresas Comercializadoras de Productores del Campo (Anec).

El crecimiento del minifundio ha agravado la falta de créditos para pequeños productores: 72% de las unidades de producción tienen menos de 5 hectáreas, los bancos no quieren arriesgar su dinero, los programas gubernamentales permiten la mezcla de recursos públicos, créditos de la banca comercial y de desarrollo, pero no hay dinero que alcance si la plaga de la corrupción infesta las políticas agropecuarias.

A raíz de la denuncia presentada el 1 de diciembre de 2008, la Procuraduría de Justicia del Estado de Tlaxcala realizó un peritaje al invernadero de Juan ubicado en la comunidad de Atotonilco, municipio de Tlaxco, encontró una nueva sorpresa: los peritos estimaron su valor máximo en 150 mil pesos, los materiales eran de mala calidad, la construcción resultó un fiasco. El agricultor había pagado 170 mil pesos de más, su invernadero no producía y su casa, hipotecada.

“Nos obligaron, en lugar de haber cedido debí denunciarlos. Caímos en su juego por la ambición de tener un invernadero”, cuenta Juan en medio de matas plagadas. “No sé si me vayan a embargar mi casa. No quiero quedar a deber, pero no hay de donde pagar”.

Según la Auditoría Superior de la Federación, Sagarpa no evalúa el impacto de sus programas en la calidad de vida de los productores o en el combate a la pobreza. Además, varios de sus programas de desarrollo rural han sido señalados por incumplir con la comprobación de recursos asignados, por beneficiar a grandes productores sobre los más necesitados o por dar recursos a personajes relacionados con el crimen organizado, como lo señaló EL UNIVERSAL en 2009. La desesperación de los productores y su bajo nivel educativo los convierte en presa fácil.

“Al campo se le ha visto como botín político, principalmente por los partidos que han estado en el poder federal. El campo empobrecido, desorganizado es más proclive al control a través de apoyo, individualizados y pequeñas prebendas”, refiere Víctor Suárez, presidente de la Asociación Nacional de Empresas Comercializadoras de Productores del Campo (Anec).

La segunda estocada

Juan Rodríguez acudió desesperado a las oficinas de Sagarpa, institución federal responsable de coordinar la Alianza Municipal junto a los gobiernos estatales y municipales. La situación era clara: la empresa sugerida por las autoridades cobró más del doble del valor real del invernadero, incumplió compromisos de capacitación y comercialización del jitomate y dejó a productores inexpertos a la deriva en un negocio muy especializado.

La Sagarpa accedió a dar 118 mil pesos para la reconstrucción del invernadero de Juan, a través del Programa de Adquisición de Activos Productivos, pero el apoyo para sanear los daños ocasionados tenía una nueva condición. “El delegado de Sagarpa nos impuso una constructora a su gusto: ‘les voy a dar el dinero, pero tienen que contratar a la constructora que yo digo’”. 

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