En el estado de Tlaxcala, el actual gobierno responsable de conducir los destinos de poco más de un millón de habitantes no parece tener entre sus principios básicos de ejercicio, atender los diferentes asuntos lacerantes del colectivo social y ofrecer soluciones viables. El rubro de la opacidad sigue siendo la característica evidente por propios y extraños de la presente administración, en esta ocasión quiero referirme al cobro de derechos por el refrendo o expedición de licencias de funcionamiento para los establecimientos cuya actividad es la enajenación de bienes o la prestación de servicios de materia de bebidas alcohólicas.
De conformidad con la Ley de Coordinación Fiscal en su artículo 10-A, fracción I, inciso f): las entidades federativas tienen la facultad de establecer el cobro de derechos en materia de bebidas alcohólicas, el Gobierno del Estado, por conducto de la Secretaría de Finanzas, posee la facultad de otorgar el refrendo o licencias de estos giros; lo cual se encuentra regulado en el artículo 155, 155-A y 156 del Código Financiero para el estado de Tlaxcala y sus municipios, central también resulta citar que con fundamento en el articulo 6, del citado Código Financiero, el Gobierno del Estado y los municipios pueden celebrar convenios para la administración y recaudación de las contribuciones y aprovechamientos correspondientes, mismas que se establecerán en las leyes de ingresos de los municipios o, en su caso, en la Ley General de Ingresos para los municipios del estado.
Bajo estos elementos normativos observamos que el Gobierno del Estado tiene la facultad de celebrar convenios para la recaudación y administración en materia de derechos por la expedición de bebidas alcohólicas, situación que así se ha dado, sólo basta recordar que con fecha 6 de septiembre de 2005 en el tomo LXXXIV, segunda época, numero 2 extraordinario del Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Tlaxcala, se publicó la entrada en vigor de los convenios que en este sentido signaron, por una parte, el Gobierno del Estado por conducto del Gobernador Héctor Israel Ortiz Ortiz y los presidentes municipales en turno de: Sanctórum de Lázaro Cárdenas, Apetatitlán de Antonio Carvajal, Zacatelco, Atlangatepec, Tlaxco, Calpulalpan, Santa Cruz Tlaxcala, Xicohtzinco, Yauhquemehcan, Tzompantepec, Tenancingo, Apizaco, Nanacamilpa de Mariano Arista y Huamantla, entre otros, que con posterioridad se fueron sumando a la firma del convenio aludido.
Ahora bien, puntos relevantes de los convenios es que a los municipios se les delega la facultad de expedir los refrendos y las licencias en materia de bebidas alcohólicas, obligándose las comunas a participar al Estado el 20 por ciento de la recaudación real por el cobro de estos derechos; de igual forma es básico mencionar que la duración de los citados convenios es indefinida, según queda perfectamente asentado con la publicación en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado.
Una vez citado el fundamento legal, resulta absurdo que el subdirector de Ingresos de la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado intimide y clausure este tipo de negocios argumentando la inexistencia del convenio en el municipio o la ratificación del mismo.
Evidentemente el subdirector de Ingresos de la Secretaría de Finanzas incurre en actos de ilegalidad, violando contundentemente las garantías individuales de los propietarios de estos negocios, puesto que de manera arbitraria los clausura sin obedecer el procedimiento administrativo de notificación en los actos de autoridad que se encuentra establecido debidamente en el Código Financiero y, en su caso, en la Ley del Procedimiento Administrativo, pero lo que resulta inadmisible es la flagrante irreverencia profesada a nuestra Carta Magna en sus artículos 14 y 16, respectivamente.
En el caso específico de Apizaco el municipio cuenta con el convenio correspondiente, sin embargo, ante la ignorancia del actual presidente, el Gobierno del Estado informó, a través de la Secretaría de Finanzas, la clausura de diversos negocios en dicha demarcación con el argumento de no haber sido ratificado el citado convenio; situación indignante puesto que el mismo alcalde informó, a través de los micrófonos de FM Centro, la devolución de los cobros indebidos sin que aún se cumpla con tal pronunciamiento, situación que evidentemente genera el descontento de los ciudadanos, pues mientras se aclaran las cosas (que no hay nada que aclarar debido a la existencia del convenio en la localidad citada) se clausuraron algunos negocios pagando los dueños multas estratosféricas.
Cabe mencionar que lo sucedido en Apizaco se está reproduciendo en diversos municipios del estado, tal es el caso de Tlaxcala, Calpulalpan, Chiautempan sólo por citar algunos, sin embargo aquí lo verdaderamente desafortunado es la insensibilidad política del titular del Ejecutivo local al no considerar los evidentes estragos provocados por la recesión económica de la cual es actor principal nuestro país. El Gobierno del Estado es incapaz de generar fuentes de empleo y por el contrario clausura con argumentos antijurídicos los pequeños negocios de los cuales viven cientos de familias tlaxcaltecas.
De conformidad con la Ley de Coordinación Fiscal en su artículo 10-A, fracción I, inciso f): las entidades federativas tienen la facultad de establecer el cobro de derechos en materia de bebidas alcohólicas, el Gobierno del Estado, por conducto de la Secretaría de Finanzas, posee la facultad de otorgar el refrendo o licencias de estos giros; lo cual se encuentra regulado en el artículo 155, 155-A y 156 del Código Financiero para el estado de Tlaxcala y sus municipios, central también resulta citar que con fundamento en el articulo 6, del citado Código Financiero, el Gobierno del Estado y los municipios pueden celebrar convenios para la administración y recaudación de las contribuciones y aprovechamientos correspondientes, mismas que se establecerán en las leyes de ingresos de los municipios o, en su caso, en la Ley General de Ingresos para los municipios del estado.
Bajo estos elementos normativos observamos que el Gobierno del Estado tiene la facultad de celebrar convenios para la recaudación y administración en materia de derechos por la expedición de bebidas alcohólicas, situación que así se ha dado, sólo basta recordar que con fecha 6 de septiembre de 2005 en el tomo LXXXIV, segunda época, numero 2 extraordinario del Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Tlaxcala, se publicó la entrada en vigor de los convenios que en este sentido signaron, por una parte, el Gobierno del Estado por conducto del Gobernador Héctor Israel Ortiz Ortiz y los presidentes municipales en turno de: Sanctórum de Lázaro Cárdenas, Apetatitlán de Antonio Carvajal, Zacatelco, Atlangatepec, Tlaxco, Calpulalpan, Santa Cruz Tlaxcala, Xicohtzinco, Yauhquemehcan, Tzompantepec, Tenancingo, Apizaco, Nanacamilpa de Mariano Arista y Huamantla, entre otros, que con posterioridad se fueron sumando a la firma del convenio aludido.
Ahora bien, puntos relevantes de los convenios es que a los municipios se les delega la facultad de expedir los refrendos y las licencias en materia de bebidas alcohólicas, obligándose las comunas a participar al Estado el 20 por ciento de la recaudación real por el cobro de estos derechos; de igual forma es básico mencionar que la duración de los citados convenios es indefinida, según queda perfectamente asentado con la publicación en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado.
Una vez citado el fundamento legal, resulta absurdo que el subdirector de Ingresos de la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado intimide y clausure este tipo de negocios argumentando la inexistencia del convenio en el municipio o la ratificación del mismo.
Evidentemente el subdirector de Ingresos de la Secretaría de Finanzas incurre en actos de ilegalidad, violando contundentemente las garantías individuales de los propietarios de estos negocios, puesto que de manera arbitraria los clausura sin obedecer el procedimiento administrativo de notificación en los actos de autoridad que se encuentra establecido debidamente en el Código Financiero y, en su caso, en la Ley del Procedimiento Administrativo, pero lo que resulta inadmisible es la flagrante irreverencia profesada a nuestra Carta Magna en sus artículos 14 y 16, respectivamente.
En el caso específico de Apizaco el municipio cuenta con el convenio correspondiente, sin embargo, ante la ignorancia del actual presidente, el Gobierno del Estado informó, a través de la Secretaría de Finanzas, la clausura de diversos negocios en dicha demarcación con el argumento de no haber sido ratificado el citado convenio; situación indignante puesto que el mismo alcalde informó, a través de los micrófonos de FM Centro, la devolución de los cobros indebidos sin que aún se cumpla con tal pronunciamiento, situación que evidentemente genera el descontento de los ciudadanos, pues mientras se aclaran las cosas (que no hay nada que aclarar debido a la existencia del convenio en la localidad citada) se clausuraron algunos negocios pagando los dueños multas estratosféricas.
Cabe mencionar que lo sucedido en Apizaco se está reproduciendo en diversos municipios del estado, tal es el caso de Tlaxcala, Calpulalpan, Chiautempan sólo por citar algunos, sin embargo aquí lo verdaderamente desafortunado es la insensibilidad política del titular del Ejecutivo local al no considerar los evidentes estragos provocados por la recesión económica de la cual es actor principal nuestro país. El Gobierno del Estado es incapaz de generar fuentes de empleo y por el contrario clausura con argumentos antijurídicos los pequeños negocios de los cuales viven cientos de familias tlaxcaltecas.
Minerva Hernández Ramos
Senadora de la República
www.despertardemocratico.com
No hay comentarios.:
Publicar un comentario