07 octubre 2011

Desde 1934 son dueños de las tierras por las que fueron encarcelados 31 miembros de la UNTA

En poder de este diario se encuentran una serie de documentos: un decreto presidencial de 1934 y una resolución de la Federación de 1975 le concederían la razón a los 31 campesinos de la UNTA que están encarcelados desde hace un mes por reclamar la posesión de estas tierras y también fotografías de una de las lesiones que padece Mota Rodríguez, quien está siendo atendido médicamente
JAVIER PUGA MARTÍNEZ/La Jornada de Oriente Puebla
http://www.lajornadadeoriente.com.mx/2011/10/07/puebla/pue105.php

A pesar de que la delegada en Puebla de la Secretaría de la Reforma Agraria (SRA), María Nieto Moroni, aseguró esta semana que sí tienen dueño las 400 hectáreas de bosques que un grupo de campesinos y unos particulares del municipio de Chignahuapan se disputan, una serie de documentos en poder de este diario demuestran lo contrario: un decreto presidencial de 1934 y una resolución de la Federación de 1975 le concederían la razón a los 31 campesinos de la UNTA que están encarcelados desde hace un mes por reclamar la posesión de estas tierras.

Entre los nombres de quienes aparecen beneficiados con la dotación de tierras según otra resolución posterior de 1981 se encuentra el de Abraham Mota, uno de los 31 detenidos por la Policía Estatal durante el violento desalojo del pasado 23 de agosto, quien presenta serias lesiones y se le ha negado ayuda médica a este hombre de 65 años, por lo que ya existe una queja presentada ante la Comisión de Derechos Humanos del estado de Puebla.

Tanto Abraham Mota como el resto de los detenidos, muchos de ellos ancianos y mujeres, no han sido denunciados formalmente, ni siquiera por el delito de invasión, como tampoco existe la orden de notificación ni los tres avisos correspondientes antes de ejecutar el desalojo por medio de la fuerza pública, por lo que, a decir de los familiares de los detenidos, la Secretaría de Seguridad Pública del gobierno del estado actuó con premeditación y en la ilegalidad, según los familiares de los detenidos.

En uno de los documentos hechos llegar a esta redacción, el notario público del distrito judicial de Chignahuapan, Mario Alberto Ayala Camargo, certificó e hizo constar que una copia fotostática de las escrituras de dotación de ejidos del poblado de San José, en ese municipio, esta registrada bajo la partida 22 del libro primero, tomo décimo, con fecha del 3 de mayo de 1934.

La copia fue cotejada con los folios 94 al 97 del libro quinto volumen 1 de esa notaria.

De acuerdo con el documento de 1934, basado en un decreto del presidente de la República, Abelardo L. Rodríguez, del 20 de diciembre de 1933, así como por las autoridades agrarias federales de esa época, se dotó de 880 hectáreas de tierra a los poblados de San José, Balconcillo, Atzintlemeya, Llano Verde y Casco de San José, poblaciones enclavadas dentro de los predios de la hacienda Atlamajac, en Chignahuapan.

De esa cantidad de predio, 500 hectáreas fueron destinadas para tierra de temporal de segunda clase, mientras que 380 hectáreas se conservarían como monte alto. Los beneficiarios fueron 85 personas, de las cuales 25 eran habitantes de San José. La posesión provisional de esos predios, refiere el acta, ocurrió sin incidentes el 9 de enero de 1933.

Sin embargo, la autoridad agraria asentó en el documento que los poblados de Balconcillo, Llano Verde y Casco no estuvieron de acuerdo con esa dotación porque nunca la solicitaron, en cambio los pobladores de San José sí lo hicieron.

La Federación determinó que los 32 pobladores de San José tenían derecho a ser dotados de tierra, pues eran agricultores sin ninguna posesión que se encontraban “encasillados”, “y carecen de las tierras indispensables para satisfacer sus necesidades”.

Además, el gobierno federal comprobó que el lugar que habitaban esos campesinos no estaba conformado en algún núcleo.

Así, la Federación determinó que se dotaría de tierras al poblado San José 392 hectáreas, de las cuales 234 serían tierra para la siembra de temporal de segunda clase “indispensables para satisfacer las necesidades colectivas del núcleo solicitante”, así como para formar una parcela escolar.

Otras 128 hectáreas serían de agostadero laborable para su uso colectivo. Con esto, el gobierno federal dejó sin efecto una resolución del gobernador de Puebla del 18 de diciembre de 1932, que no beneficiaba a los campesinos.

Las autoridades agrarias determinaron en esa época que “siendo de utilidad pública la conservación y propagación de los arbolados en todo el territorio nacional, debe apercibirse a la comunidad beneficiada con la presente dotación que queda obligada a conservar, restaurar y propagar los árboles que contenga.

La resolución tal cual dice: “Se dota a los vecinos del mencionado poblado San José, con una superficie de 392 hectáreas... pasarán a poder del poblado beneficiado en todos sus usos, accesiones, costumbres y servidumbres de acuerdo con el plano aprobado por el Departamento Agrario”, según la firma de Ignacio Hernández Peralta, secretario de la Comisión Agraria Mixta, el 28 de noviembre de 1934.

Hoy, esta cantidad de hectáreas son las que están en disputa y a pesar de este documento, los actuales gobiernos federal y estatal se niegan a reconocer la posesión de estas tierras a los campesinos de ese lugar.

Como apoyo a esa dotación de 1934, también existen dos publicaciones de El Diario Oficial de la Federación que apoyan lo anterior, en los años 1954 y 1981, de acuerdo con el registro 18852.
Campesinos lastimados
y sin atención

Tras la golpiza que recibieron medio millar de ejidatarios de ese predio, hoy llamado ejido Río Blanco, pasó más de un mes y los 31 detenidos por el violento desalojo de la Secretaría de Seguridad Pública estatal seguían sin ser acusados de algún delito, como invasión de propiedad o de despojo.

Hace una semana, Gloria Rivera Mota presentó una queja ante la Comisión de Derechos Humanos del estado de Puebla para exigir que su familiar, Abraham Mota, recibiera atención médica.

A pesar de que el médico del Centro de Readaptación Social de Chignahuapan, así como un galeno externo, había diagnosticado que Abraham Mota Rodríguez necesitaba atención urgente debido a las lesiones que presentaba desde la golpiza del 23 de agosto.

Sin embargo, el director de este penal se rehusó a hacerlo bajo el argumento de que no era necesario: Mota es un hombre de 65 años que, además, padece otros males físicos. Sólo hasta que intervino Derechos Humanos fue como accedió a que Mota Rodríguez fuera trasladado a una clínica, donde fue internado.

En poder de este diario se encuentran fotografías de una de las lesiones que padece Mota Rodríguez, quien está siendo atendido médicamente, pero que su tratamiento podría ser interrumpido porque el director del Cereso de Chignahuapan, quien reclama de regreso al herido aun cuando no se haya curado.

Sin embargo, de acuerdo a los familiares, no es el único hombre que se encuentra en esa condición, ya que otros lastimados también necesitan atención médica que en el penal se las niegan y su salud se agrava, pues las condiciones antihigiénicas del reclusorio no favorecen su recuperación. 

3 COMENTARIOS:

Anónimo dijo...

lo que te falta informarnos a los Tlaxquenses es que los autores intelectuales de dicho desalogo son los "casiques" como los denomina la Jornada, los hermando Lorenzo y Amando Rivera Sosa, A su vez Hermanos del Señor Jorge Rivera. Tlaxco Abre bien los ojos de lo que nos libramos

Anónimo dijo...

CUANDO LEEMOS ESTA CLASE DE COMENTARIOS, MUCHOS NO PODEMOS CREER EL GRADO DE CORRUPCION QUE EXISTE EN NUESTRO PAIS. CLARO QUE ESTO SIN LA MENOR DUDA SE DEBE A QUE EN MEXICO, NO EXISTE LA DIVISION DEPODERES QUE SOLO SE DA EN EL PAPEL ENB QUE SE ESCRIBEN LAS LEYES.
NUESTRO OBNESO PODER LEGISLATIVO, EN LOS ESTADO Y EN LA CAPITAL DE LA REPUBLICA, SOLAMENTE COBRA LAS FORTUNAS QUE HOY SE CONOCEN 8EN LO QUE SE DA A LA LUZ PUBLICA) PARA SERVIR DE COMPARZAS DEL PODER EJECUTIVO.

HOY QUE SE HAN HECHO MATERIA DE AMPARO LOS DERECHOS HUMANOS, CUALQUIER ASOCIACION CIVIL PUEDE DEMANDAR LA PROTECCION DE LA JUSTICIA FEDERAL(BUENBO EN CASO DE QUE EXISTA EN ESTA NACION) EN FAVOR DE ESTOS CUASI MEXICANOS.

POR OTRO LADO, EL MISMO PRESIDENTE DE LA RTEPUBLICA, DEBERIA ORDENAR A LAS AUTORIDADES "COMPETENTES" QUE DESQUITEN EL SUELDO Y SE AVOQUEN A REALIZAR UNA EXHAUSTIVA INVESTIGACION Y SE CATIGUE A LOS RESPONSABLES. DEVOLVIENDOLES SUS DERECHOS Y TIERRAS A SUS AUTENTICOS DUEÑOS, LOS CAMPESINOS DE CIENEGUILLAS Y RIO BLANCO.DE CHIGNAHUAPAN, PUEBLA.

Anónimo dijo...

hay diversidad de pensamientos, o falta de información pues de lo contrario no se entenderia el porque algunos vecinos apoyaron al Ciudadano Jorge Rivera, despues de las arbitrariedades y abusos que han cometido su familia en Chinahuapan, pero en fin Tlaxco puede cometer el mismo erro que con Manuel Salina, los ciudadanos nunca aprendemos solo nos lamentamos y criticamos

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